La Eurocámara sometió a votación, por segunda vez, la primera tanda de esos textos, que los eurodiputados aún tienen que negociar con la Comisión Europea (artífice de la propuesta) y con el Consejo de la UE (que representa a los Estados miembros).

Finalmente, los eurodiputados acordaron defender que el Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM) cubra las emisiones de las industrias del hidrógeno, los polímeros y los químicos orgánicos, además del CO2 emitido por los sectores que proponía la Comisión (hierro y acero, refinerías, cemento, químicos orgánicos básicos y fertilizantes). Los permisos de emisión en esos sectores irán desapareciendo del mercado de comercio de emisiones, el llamado sistema ETS, que grava a las industrias comunitarias entre 2027 y 2032, para ser coherente con el CBAM. Es decir, los permisos gratuitos de emisiones de CO2 desaparecerían más tarde de lo que querían los diputados más ecologistas pero antes de lo que pedían quienes solicitaban más tiempo de adaptación para las industrias.

El texto sobre la reforma del mercado de comercio de emisiones fue finalmente aprobado este miércoles por 439 a favor, 157 en contra y 32 abstenciones, mientras que la del CBAM prosperó por 450 a favor, 115 en contra y 55 abstenciones. En cuanto al ETS 2, una réplica para transporte por carretera y climatización de edificios, el Parlamento defiende que se aplique a partir de 2025, pero que no se aplique a vehículos y edificios privados al menos hasta 2029, pues se teme que pueda repercutir especialmente en las facturas de la calefacción o la gasolina de los hogares más humildes.

El Consejo, que representa a los países de la UE, tiene previsto fijar su posición el próximo martes en el consejo de ministros de Medioambiente que se celebrará en Luxemburgo. e ser así, la negociación final entre Consejo, Comisión y Parlamento para aprobar los primeros puntos de la radical transformación climática de la UE podrá arrancar en la segunda mitad del año.

Acuerdo tras el tropiezo inicial 

Inicialmente, el Parlamento tendría que haberse pronunciado el pasado 8 de junio sobre ocho de las catorce propuestas del «Fit for 55», nombre que engloba el conjunto de modificaciones legales para reducir al menos un 55 % las emisiones de CO2 en 2030 respecto a 1990 y alcanzar la neutralidad climática en 2050. Pero una enmienda introducida a última hora por el Partido Popular Europeo (PPE), apoyada por liberales y euroescépticos, llevó a socialdemócratas y Verdes a votar contra el texto en su integridad y tumbar la posición conjunta del Parlamento Europeo, contra la que también votaron la extrema derecha y la izquierda. El punto de discordia fue la futura reforma del mercado de comercio de emisiones, el llamado sistema ETS que pone precio al dióxido de carbono emitido por unas 11.000 plantas industriales de consumo energético intensivo y que desde 2005 es la piedra angular de la política climática de la UE.

En la comisión parlamentaria de Medioambiente se había consensuado un texto para someter al pleno, que suele respetarse, pero el PPE consideró que esa comisión no representaba equilibradamente el sentir del hemiciclo e introdujo una serie de enmiendas que generaron gran revuelo en el hemiciclo y tumbaron el texto sobre el ETS para renegociarlo. Esto arrastró a otras dos iniciativas íntimamente relacionadas, el ETS 2 para gravar las emisiones del transporte rodado y el sector de los edificios, el Fondo Social del Clima para ayudar a los más vulnerables y el CBAM para proteger a ciertas industrias europeas de estándares medioambientales más bajos en terceros países. El sistema ETS contempla una serie de permisos que eximen a las industrias de pagar por las toneladas de dióxido de carbono emitidas para que tengan tiempo para invertir en tecnologías limpias mientras mantienen su competitividad, exenciones que deberán ir desapareciendo gradualmente.

El texto consensuado preveía acabar con esos permisos en 2030, pero la nueva enmienda empujaba esa fecha hasta 2034. Esto suponía, además, un problema para el CBAM, una novedosa herramienta al filo del proteccionismo climático que entraría en funcionamiento en 2025 para evitar que industrias de terceros países tengan ventajas sobre las europeas en el mercado comunitario, pues se exigiría más a compañías foráneas que a las locales.

Fuente: EFEverde